dijous, 18 de juny de 2020

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

Hace poco que la Sra. Yolanda Díaz, ministra de trabajo, anunció que iba a enviar  inspectores al campo para verificar si se daban situaciones de esclavitud, con la orden de vigilar si encontraba gente con moratones, cadenas y otros signos de esclavitud. No dudo de la buena voluntad de Yolanda Díaz, que es una persona militante de toda la vida en organizaciones de izquierda, con seguramente muy buenas intenciones hacia los inmigrantes.


Por otra parte hay numerosas iniciativas, no solo en España, que piden la regularización de todas las personas que no tienen papeles legales y viven dentro de nuestras fronteras en estos momentos de confinamiento, en los que además son necesarios para los trabajos en  el campo, del cuidado de personas dependientes…

Creo que en este tema, como en todos, hay que ser prácticos y actuar con firmeza pero también con precaución. Sobretodo pensar que no hay soluciones mágicas y/o simples. Mire Sra. Ministra, uno de los problemas más graves que tienen los no legalizados son precisamente las inspecciones. Cuantas más inspecciones más secretismo! Conozco a chicos que han trabajado una semana recogiendo naranjas y no les han pagado. ¿Qué han hecho? Nada, saben que si van a denunciar a la policía, ésta les puede enviar a un juez y éste endilgarles una orden de expulsión de 5 años. No los van a expulsar, claro, esto es muy caro! Pero a la hora de regularizarse no podrán hacerlo porque teóricamente están fuera de España por cinco años. Así que si no te pagan te callas. En otros casos, el empresario coge una persona de confianza para que se encargue de traer a los trabajadores al campo y pagarles. Este encargado se queda una buena parte del salario y nadie puede  decir nada. ¡Ni siquiera se sabe quién es el que le contrata!

No voy a desvelar ningún secreto para la policía si digo que muchos inmigrantes sin papeles trabajan con la tarjeta de otra persona. El empresario agrícola los contrata, paga las cuotas de la seguridad social y el trabajador cobra un salario bajo pero decente. Pero…. Claro puesto que la policía lo sabe, inspeccionan a los trabajadores y les toman las huellas, y si no coinciden, en el mejor de los casos pierden el trabajo, contrato, seguridad social… A partir de este momento tienen que ir a trabajar de incógnito, a escondidas, puesto que los empresarios los necesitan. Si esto pasa por ejemplo en el campo de Albacete, en plena cosecha de ajos, ¿que se puede hacer? ¿Dejar los ajos pudrirse, perderlo todo y que los consumidores europeos compren ajos procedentes de China? Pues no, se volverá a coger al mismo trabajador, sin contrato  y a escondidas. Esto es lo que propicia las situaciones de injusticia.

Nos podemos preguntar por qué estos empresarios del campo no les piden la legalización. Sí que podrían pedírsela, pero hay muchos problemas. El más importante el de la propia ley de extranjería. Hay que contratar por un año, y generalmente los trabajos del campo son temporales, no duran un año. Pero es que además el proceso es muy largo, en algunas provincias de al menos 6 meses. ¿Donde están las cosechas o las siembras pasados estos 6 meses? Como cualquier empresario, también en el campo se contrata cuando se necesita, y menos que en cualquier otra empresa es obvio que no se puede esperar  6 meses.


Pero es que además hay otros problemas. Para obtener el primer permiso de residencia se necesita demostrar arraigo en España. El primer requisito es estar empadronado durante tres años en algún municipio. Solo se necesita el pasaporte y el permiso del propietario del domicilio. ¡Y este es el problema! En realidad cualquier español propietario de un piso puede empadronar sin ningún problema a un inmigrante. Solo se necesita buena voluntad y perder el miedo. Mucha gente piensa que si empadrona a alguien, éste se le va a meter en su hogar. No creo que esto haya pasado nunca, porque lo que necesitan es un empadronamiento, para vivir ya se espabilan. Aconsejaría  darlo a conocer a los servicios sociales por si hubiera algún problema, pero sería una buena manera de ayudar a conseguir legalizaciones. Además, para el arraigo se necesita la realización de cursos para el aprendizaje de la lengua. En el caso de Catalunya en general el catalán, pero si una persona viene de otras comunidades también le sirve el castellano. En Catalunya hay muchas organizaciones y ayuntamientos que ofrecen estas clases para extranjeros, y en general no hay problemas en este aspecto. Pero sí que los hay en otras comunidades. Algunos extranjeros, principalmente de África negra, tienen problemas para realizar cursos, puesto que nunca queda sitio para ellos. No sabemos si hay algún tipo de racismo, si se da prioridad a otros colectivos o si se dedican menos recursos de los necesarios.

Y si cuando se ha conseguido tener un empadronamiento de tres años, los cursos pertinentes, el contrato de un año, te ilusionas con una inminente legalización…. Te queda el escollo de las delegaciones del gobierno. Ignoro lo que pasa en otras subdelegaciones, pero hablaré por la de Girona, que conozco. Desde mucho antes de la crisis del Covid-19, al pedir cita previa te encontrabas con la coletilla “en estos momentos no podemos dar cita, en breve le atenderemos…” Hay personas que se pasan meses pidiendo una cita previa que nunca se da. ¿Por qué? Parece ser que falta personal para supervisar los trámites. A pesar de las peticiones por parte de los responsables,  el gobierno español no tiene dinero, no tenía antes de la crisis, para contratar a una o dos personas destinadas a las oficinas de extranjería! Suerte que quieren enviar a los universitarios a recoger frutas. Por lo menos podrían contratar a dos personas cualificadas para rebajar un poco la angustia tanto de los que aun trabajan en extranjería  como para los demandantes de papeles. Esto no es ironía, ¡esto es enfado!


¿Pero qué podemos hacer mientras tanto?. Es evidente que los políticos ahora no están para cambiar la ley de extranjería. Que tampoco se pueden legalizar a todos los extranjeros sin papeles que hay en España. No hay suficiente personal en las delegaciones del gobierno. Pero sí se podría hacer lo mismo que con los demandantes de asilo: un papel provisional que permita trabajar mientras no se pueda tramitar la legalización plena. Luego ya se podrá ver a quien se puede legalizar y a quien no. Me consta que para esta tarea pueden contar con la colaboración de Caritas y Cruz Roja y de todas las organizaciones de solidaridad que hay en los municipios y comunidades de toda España, además evidentemente de servicios sociales y policías.

 

Sé que esto parece muy poco, pero hay que ser consciente que no van a legalizar a todo el mundo, por problemas burocráticos y políticos, y en cambio se podrá suavizar la situación, por una parte de los empresarios del campo y por otro de las   personas  no legalizadas.

Pido que  se haga un llamamiento generalizado al gobierno español, y principalmente al ministro de interior y a la ministra de trabajo para que busquen soluciones prácticas para paliar los problemas de nuestro campo por un lado y de miles de personas que malviven en nuestro país, algunas desde hace años y que están sufriendo fuertemente la actual crisis.

Sra. Yolanda Díaz, Sr. Grande Marlaska, sé que para lo que les pido se necesita una gran dosis de valentía, que la oposición puede ser feroz, pero también pueden pensar que muchos campesinos y empresarios del campo les estarán agradecidos. También los consumidores que podremos continuar consumiendo productos de nuestro país, sabiendo que la facilidad para trabajar por parte de muchos extranjeros propiciará que  también un mayor bienestar para todos, no solo para los inmigrantes. A veces no hay que salir de la propia tierra para que el vuelo de una mariposa en un lugar se note en millones de otros sitios a la vez.

 

DOLORS TERRADAS VIÑALS.

Profesora de historia jubilada, voluntaria en asuntos de extranjería y cooperación,  ex diputada de “En Comú Podem”


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